Zonas de Bajas Emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes

Medidas obligatorias en los municipios de más de 50.000 habitantes

En los últimos años grandes municipios como Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, han ido implantando distintas Ordenanzas Municipales sobre movilidad de vehículos que establecen determinadas restricciones en función su nivel contaminante, promovidas fundamentalmente por las obligaciones de la Unión Europea sobre bajas emisiones.

Poco a poco ha ido estableciéndose la obligación de que los vehículos lleven en dichas poblaciones las denominadas etiquetas medioambientales (que se obtienen en la DGT). De este modo, dependiendo de qué tipo de etiqueta tengan los vehículos -0, ECO, C, B y sin distintivo (los más contaminantes)-, podrán acceder o no a determinadas zonas de la ciudad.

La aprobación de la Ley 7/2021 de 20 de mayo de Cambio Climático y Transición Energética, publicada en el BOE de 21 de mayo de 2021, establece una serie de medidas para hacer frente al cambio climático, según recomendaciones de las Naciones Unidas. Esta Ley amplía el número de municipios que deben aprobar una Ordenanza de Movilidad que afecte a la circulación de los vehículos dependiendo del grado de contaminación que tengan, es decir, dependiendo del tipo de distintivo medioambiental que les corresponda.

En su Título IV, dicha Ley regula las cuestiones relativas a la movilidad sin emisiones de los vehículos, con el fin de tomar medidas para intentar alcanzar en el 2030 un parque de vehículos de turismo y comerciales sin emisiones directas de CO2. Para ello, acuerda que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán planes de movilidad urbana sostenible coherentes con los planes de calidad del aire, que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad.

Dichos municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares tienen como plazo máximo el año 2023 para adoptar medidas para reducir las emisiones que incluyan al menos los siguientes puntos:

1. El establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023.
2. Medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, asociándolos con hábitos de vida saludables, así como corredores verdes intraurbanos que conecten los espacios verdes con las grandes áreas verdes periurbanas.
3. Medidas para la mejora y uso de la red de transporte público, incluyendo medidas de integración multimodal.
4. Medidas para la electrificación de la red de transporte público y otros combustibles sin emisiones de gases de efecto invernadero, como el biometano.
5. Medidas para fomentar el uso de medios de transporte eléctricos privado, incluyendo puntos de recarga.
6. Medidas de impulso de la movilidad eléctrica compartida.

Además, los municipios de más de 20.000 habitantes también estarán obligados a establecer dichas medidas cuando superen los valores límites de contaminación que se establecen en el Real Decreto 102/2011 de 28 de enero, de mejora de la calidad del aire.

También se regula por Ley la denominada Zona de Baja Emisión, como la que está delimitada por una administración pública y en la que se aplican restricciones referentes al acceso, circulación de los vehículos, con el fin de mejorar la calidad del aire, según la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones según lo establecido en el Reglamento General de Vehículos (0, ECO, C, B y sin etiqueta).

Existen muchas dudas por parte de los conductores con relación a la existencia en dichos municipios de la citada ordenanza. Hay muchos municipios que ya han aprobado dicha normativa, y para que los conductores que se desplazan por dichas poblaciones vayan conociendo esta nueva regulación han instalado carteles en las zonas donde se han establecido las bajas emisiones. Aunque la mayoría van a dar un tiempo antes de su entrada en vigor, en algunos casos hasta enero de 2024.

Por lo tanto, cada municipio a través de sus ordenanzas municipales será quien impondrá las restricciones específicas en su término municipal, de tal forma que la normativa puede diferir de la ordenanza de otros municipios limítrofes que también tengan más de 50.000 habitantes.