El Tribunal Constitucional avala la legalidad del impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas. Aunque comunidades autónomas como Madrid alegaron invasión de competencias fiscales, el alto tribunal respalda este tributo que afecta a patrimonios superiores a tres millones de euros.
El Asesor Fiscal resuelve cualquier consulta llamado al 800 007 269, completando nuestro formulario online o a través de la app de MAPFRE.
Publicado enero 2024
Esperanza, Socia del Club MAPFRE, tiene una buena posición económica y su patrimonio se ha visto gravado por el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas aprobado en diciembre de 2022. Durante este tiempo, algunas Comunidades Autónomas han cuestionado su legalidad. Para salir de dudas, Esperanza llama al Asesor Fiscal del Club MAPFRE para que le informe sobre cuál es la situación actual de este tributo estatal.
El asesor del Club MAPFRE le explica que recientemente el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso interpuesto por algunas Comunidades Autónomas como Madrid, Andalucía y Galicia, contra el impuesto a las grandes fortunas temporal, alegando que el Gobierno invadía con él sus competencias fiscales porque entra en conflicto con el impuesto sobre patrimonio, cuya competencia es autonómica.
Sin embargo, la sentencia del alto tribunal respalda este tributo nacional, vigente para los años 2023 y 2024, que afecta a patrimonios superiores a tres millones de euros. El Tribunal Constitucional entiende que el impuesto temporal a las grandes fortunas es complementario al impuesto sobre patrimonio, de forma que las cantidades satisfechas por este se deducen del primero, por lo que las competencias autonómicas no quedan afectadas.
El plazo de presentación del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas es entre los días 1 y 31 julio del 2024. Este tributo se creó con carácter temporal como ayuda para mitigar el impacto de la crisis derivada de la guerra de Ucrania y la crisis energética, aunque incluye una cláusula de revisión para evaluar la necesidad de prorrogarlo en el futuro.
María Teresa Mas García
Licenciada en derecho
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